Se trata de la iniciativa de algunas empresas que ya han propuesto a parte de sus empleados una reducción de salario fundamentada en la bajada de costes derivada de la ausencia de desplazamientos (inversión tanto económica como de tiempo) y, sobre todo, del hecho de que algunos de esos trabajadores se hayan desplazado hacia zonas donde el nivel de vida es mucho más bajo.

Ambas cosas son ciertas y, por ello, difícilmente discutibles y creo que todos estamos conociendo casos cercanos que así lo refrendan. De hecho, el crecimiento de los empadronamientos en lugares que son habituales de periodos vacacionales está siendo muy notable (las Islas Baleares y las Canarias son dos claros ejemplos). Pero una cosa es que no se pueda rebatir esa realidad y otra bien distinta es que todas las pesas se encuentren en ese lado de la balanza.

Para equilibrar la romana, también hay poderosos argumentos, en este caso, de apoyo al currante. Entre ellos, el de que los costes de electricidad y calefacción ahora son suyos, sumado al hecho de que, según va la cosa, la empresa tendrá que gastarse mucho menos en espacio de oficinas y en los costes asociados a su normal funcionamiento.

Pero el que más estoy oyendo es el clásico en estos casos. El de “¿a ti, qué rayos te importa dónde esté yo mientras cumpla con mis obligaciones?”. “¿Vas a valorar más que haga mi trabajo en la Castellana que si lo hago en Aldeanueva del Camino?”. El planteamiento es claro, pero tiene su inverso cuando es la empresa la que te dice que si para ir al centro de Nueva York solicitaste más, ahora para el proceso contrario tendrás que aceptar la readaptación de las condiciones.

Las empresas ya están estableciendo planes para un futuro donde, a pesar de que la amenaza actual remita, ya las condiciones no van a ser iguales y el teletrabajo va a mantenerse, al menos en una proporción determinada de gente y de días. La pelea está servida, aunque hay que indicar que ya existe una cierta proporción de trabajadores que están aceptando las nuevas condiciones.